Los fraudes alimentarios no dañan solo a quienes incumplen la ley o a quienes compran sin saberlo. Dañan también al conjunto de la cadena formal, que necesita trazabilidad y confianza para defender valor en mercado. En pesca, esa confianza ya es bastante frágil como para añadirle sombras evitables.
Cada operación irregular erosiona la percepción del consumidor y complica el trabajo de quienes sí cumplen normas, controles y costes. Por eso perseguir estas tramas no es únicamente una cuestión policial o sanitaria: es también una defensa del sector profesional.
La transparencia tiene valor económico. Cuando se rompe, el perjuicio se reparte mucho más allá de los responsables directos.
Artículo de opinión elaborado a partir de la información publicada originalmente en La Guardia Civil destapa una trama de venta de pescado robado con restos de medicamentos.
